De Jovellanos a Juan Nepomuceno Fernández San Miguel
 
Carta 1064


Gijón, 19 de junio de 1797.


 

Mi querido amigo: Más vale tarde que nunca, aunque no deberá parecer tardía una respuesta que nunca pudo llegar a tiempo. La de usted de 27 de marzo vino a mis manos el 28 en la noche, y señalada la mañana del 30 para las conclusiones3, ya se ve que no me era posible resolver a tiempo sus dudas. Harélo ahora, aunque muy incompletamente, porque estoy sin libros, y sin ellos no se pueden deslindar unos hechos que deben apoyarse en autoridad histórica. No tengo a la mano ni a Mesa, ni a Mayans, ni a Castro, ni la Themis hispana, ni la carta a Amaya, ni las Instituciones castellanas4, que es decir, ningún autor de los que ilustraron algún tanto la historia de nuestra legislación. Es, por tanto, muy poco lo que usted debe esperar de mí.

Con todo, la modestia con que usted propone y el candor con que desea aclarar las dudas, me obligan a aventurar algunas reflexiones acerca de ellas, tomadas de mi mala memoria y de mis pocos libros; y para hacerlo con algún orden, seguiré el de sus mismas conclusiones:

1.ª Que las Partidas no fueron sancionadas ni recibidas hasta las Cortes de Alcalá de 1348 es opinión corriente entre los modernos. La publicación del Ordenamiento formado en ellas y una cláusula contenida en él pusieron este punto fuera de duda. Con todo, me parece que no es tan cierto como se cree, y confieso de buena fe que para mí es más cierta la opinión contraria, aunque sólo se pueda fundar en conjeturas, bien que de mucho peso.

Usted confiesa que las Partidas se hicieron para ser publicadas, y esto consta de su mismo prólogo. Consta también que la primera idea de este código fue concebida por el buen rey San Fernando, que, no pudiendo hacerle, le dejó encomendado a su hijo, y que éste, ayudado de los hombres más sabios de su tiempo, y lo que es más, empleando en ello su misma sabiduría y el continuo trabajo de siete años, perfeccionó la obra. Consta que un grande objeto del bien público y general hacía necesaria su publicación, porque la muchedumbre, la contrariedad y la insuficiencia del derecho contenido en tantos fueros departirlos, exigía una legislación uniforme y universal. ¿Y no más? Pues vea usted otro fin más alto, y digno de la sabiduría de aquel rey. Consta del mismo prólogo que las Partidas no se hicieron sólo para gobernar, sino también para instruir a la nación, y que a este fin se reunió en ellas cuanto las sagradas letras y los Santos Padres, cuanto los filósofos y jurisconsultos del antiguo tiempo (conocidos en aquél) habían dicho de bueno y conducente, no sólo para regular un buen gobierno civil y eclesiástico, sino también para ilustrar a los reyes y magistrados políticos, militares y eclesiásticos, y aun a todos los pueblos en su conducta pública y privada.

Ahora bien, ¿quién se persuadirá a que el autor de la más completa legislación que conoció el mundo, y que tuvo bastante sabiduría para concebirla6* y acabarla, no tuvo la constancia necesaria para darle su sanción y hacerla obedecer? Y para que así fuese, ¿qué razón, que obstáculo tan grande, tan poderoso, tan invencible no se debe suponer que le detuvo? Parece que el cargo de señalar esta razón es de los que sostienen que la hubo; pero vamos a examinar las que pueden alegarse y conoceremos su insuficiencia.

Se hace supuesto de la repugnancia del reino a recibir una legislación contraria a los usos recibidos; se aprueba esta repugnancia con la revocación del Fuero Real, y se infiere no mal que menos razón era necesaria para suspender la sanción de un código no publicado, que para revocar uno en observancia. Hubo ésta, luego aquélla. Vamos examinando estas razones.

Creo que se suponga gratuitamente así la contrariedad de la legislación alfonsina con la ya recibida, como la repugnancia a recibirla. Cuando yo leo la Partida segunda, hallo en ella todo el sistema de derecho público interior que regía entonces, y en la primera el del derecho eclesiástico. Lo demás relativo a juicios, contratos, testamentos, no sería contrario, porque en los fueros se halla poco o nada de esto, y en esto se estaba, ya al Fuero Real (que en cuanto a ello no fue revocado, como después veremos), ya al Fuero Juzgo, ya a las fazañas o ejecutorias, o ya al buen arbitrio de los juzgadores; y no hay razón para creer que esto acomodaba más que una legislación sistemática, sabia y justa. Por otra parte, sabemos que los primeros años del reinado de don Alfonso fueron llenos de paz y contento interior, que los disgustos empezaron más tarde, y que no se puede señalar en la historia razón alguna capaz de detener la sanción de las Partidas. Pero sigámosla más de cerca.

Es constante que el Fuero Real fue publicado en 1255; en el siguiente se empezaron las Partidas, que fueron concluidas en 1263; y en todo este tiempo no se debe suponer obstáculo alguno que detuviese al legislador, pues que harto más fácil y decoroso le fuera cesar en el trabajo que enterrarle después de acabado. Más: el Fuero Real continuó en observancia hasta 1272; luego no hubo obstáculo conocido a la publicación de las Partidas antes de aquel año, y las Partidas estaban acabadas nueve años antes. Más: el disgusto de los Laras y su partido, la defección de los infantes, y al fin la insurrección del príncipe don Sancho, que llevó en pos de sí los pueblos, son todos hechos posteriores. El origen de todo se halla en la abdicación de la soberanía de Portugal, tan mal vista del reino. De aquí un pretexto para la inquietud de la ambiciosa familia de Lara, y tantas malas consecuencias. Pero esta abdicación se hizo en el 1269 ó 1270; luego esta causa de disgusto no pudo influir en la sanción de las Partidas, y otra tampoco se encuentra en la historia.

Esta causa influyó sin duda en lo que se llama revocación del Fuero Real, que se hizo en 1272. Aun entonces no se derogó la autoridad de este código, pues, como veremos, no se hizo otra cosa que restablecer la autoridad del Fuero Viejo, o de los fijosdalgo, menguada en algunos puntos por el Real. Cuando, pues, existiese esta misma causa respecto de las Partidas, y existiese al tiempo de darles su sanción, no se resistiría absolutamente; se pediría a lo más que se reformasen en lo poco en que pudieran estar contrarios uno y otro código.

Acaso dirá usted que todo esto sobra, porque todo el mundo asentiría fácilmente a la publicación de las Partidas, si de otra parte no constase que no la tuvieron; pero que, asegurándolo el rey don Alfonso XI en una ley del Ordenamiento de Alcalá, este punto queda fuera de toda controversia. Vamos, pues, a la ley del Ordenamiento.

¿Dice acaso esta ley que nunca se publicaron las Partidas? Paréceme que no: dice sólo que no se hallaba hasta entonces que hubiesen sido publicadas, y no es lo mismo uno que otro. Lo primero supondría una aserción, lo segundo una duda. Para mí este modo de hablar es muy misterioso. Veamos si podemos hallar el misterio.

Supongo, lo primero, que había un interés grande y conocido en aquel tiempo para poner en duda la autoridad de las Partidas, y ya se sabe que el interés es padre de muchas opiniones. Sin hablar de otra cosa, es claro que las Partidas establecen el derecho de representación en la sucesión del trono, y este derecho fue abiertamente resistido por don Sancho, que arrebató la corona deferida por él al hijo del infante de la Cerda (premuerto), su hermano mayor. A don Sancho sucedió don Fernando el IV, y a éste el legislador de Alcalá. ¿Qué mucho que se tratase de debilitar la autoridad de aquel código?

Poco era menester. Las leyes entonces se sancionaban por un privilegio confirmado en cortes, y se revocaban del mismo modo. Descontento y sublevado el reino, la autoridad del rey y la de sus privilegios sería ninguna, y aun sin expresa revocación fue fácil poner en olvido y descrédito las Leyes de Partida; lo fue quitar de la cancillería y de todas partes el acto de sanción, y al cabo de poco tiempo lo sería hacer creer que nunca había existido y afirmarlo así. ¿No pueden apoyar estas conjeturas las palabras mismas del Ordenamiento de Alcalá, «como quier, dicen, que hasta aquí no se halla que fuesen publicadas (las Partidas) por mandado del rey, ni rescebidas por leyes», que sólo muestran falta de documento existente7* de la publicación?

Pero a fe que no faltaba la noticia de ella. El cronista de don Alfonso el Sabio8 la asegura, y por palabras bien terminantes: «El rey don Fernando su padre, dice, había comenzado a facer los libros de las Partidas, y este don Alfonso su fijo fízolas acabar, le mandó que todos los omes de sus reinos las oviesen por ley e por fuero, e los alcaldes que juzgasen por ellas».

Bien sé que Mondéjar9 combate y desprecia esta autoridad del cronista, así en cuanto a que San Fernando hubiese empezado las Partidas, como en cuanto a su publicación. Para lo primero se vale del prólogo mismo de las Partidas, donde cuenta don Alfonso cuándo las empezó a hacer y cuándo las acabó. Pero Mondéjar o no advirtió o calla aquellas palabras del prólogo: «E a esto nos movió señaladamente tres cosas. La primera, el muy noble e bien aventurado Rey don Fernando nuestro padre, que era muy cumplido de justicia e derecho, que lo quisiera facer si más viviera, e mandó a nos que lo ficiésemos». Sin que obsten las palabras alegadas por Mondéjar, porque en ellas sólo trataba don Alfonso de.hacer la historia de su trabajo, y no decir si se había aprovechado del ajeno.

Contra la publicación no alega Mondéjar otra cosa que las palabras del Ordenamiento; pero pues las dejamos interpretadas, réstanos sólo ponerlas en cotejo con la autoridad de la crónica.

Es constante, y lo reconoce Mondéjar, que esta crónica fue escrita en tiempo del mismo Alfonso XI, y de su orden. ¿No bastará para probar que entonces había por lo menos tradición que aseguraba haber sido publicadas las Partidas? Si creyésemos a Pellicer, este cronista fue Fernán Sánchez de Tovar, ricome, canciller y notario mayor de Castilla. ¡Cuántos títulos para estar bien cierto de que las Partidas habían sido sancionadas! Pero sea algún otro, como cree Mondéjar, sin nombrarle; siendo escogido por Alfonso XI para recoger, ordenar y escribir los hechos de su bisabuelo, abuelo y padre, que andaban olvidados, ¿no sería hombre de la edad, instrucción y partes necesarias para tal encargo? ¿No se habrían puesto a su disposición los hechos y noticias y actos públicos necesarios para desempeñarle? Y cuando escribiese alguna cosa de mera opinión, ¿es creíble que no siguiese una tradición general y bien recibida? ¿Y esto en materia tan delicada y de otra parte tan poco favorable y grata a la corte?

De todo esto se puede inferir que el cronista escribió sencillamente lo que él y todos los hombres sensatos creían; que esta opinión acerca de hechos que apenas contaban ochenta años de antigüedad y que muchos podían haber recibido, y el mismo historiador, de boca de sus padres, era de mucho peso; que ya entonces no existiría en la cancillería ni en la corte el acto o privilegio de publicación de las Partidas; que esta falta bastaba para ponerla en duda en otros actos públicos; que había grande y conocido interés en dudar de ella, y que de todo nació aquella expresión del Ordenamiento: «como quier que hasta aquí no se halla que fuesen publicadas», sin que por ella se pruebe que no lo fueron, ni se destruya la autoridad del cronista que dice haberlo sido.

Acabaré con una reflexión. ¿No se dudó también que el Fuero Real hubiese sido publicado como código general? Pues ya consta que lo fue. ¿No se dudó otro tanto del Ordenamiento de Montalvo? Pues vea usted que ahora se cita el documento de publicación como existente en Huete10. ¿Quién nos asegura que no sucederá otro tanto con las Partidas? Ello es difícil, porque hubo interés más señalado en quitarle del medio, y es muy creíble que se hizo esto, porque, sin embargo de ser las Partidas obra tan importante y apreciable, no se halla (cosa bien notable) un solo códice del tiempo de su autor, ni anterior a su reformador; y porque éste tuvo muy buen cuidado de hacer dos códices auténticos de su obra reformada, para que a ellos solos se acudiese. Pero, ¿quién sabe lo que se esconde en tantos viejos e ignorados archivos? Piense usted en ello, y vamos a otra cosa.

2.ª Paréceme que esta conclusión habla conmigo11, pero su aserto es aún más aventurado. A buen seguro que [no] le hubiese usted sostenido, si tuviese a la mano el Fuero Viejo. Advertiré primero que no está bien enunciado, porque la historia puede hacer constar los hechos acaecidos, pero no los que no lo fueron. Sin duda que de su silencio se puede deducir un argumento negativo; pero este argumento no hace prueba, ni por él se puede decir que consta que no sucedió tal o tal cosa, sino que no consta que sucediese, y menos en hechos de tal antigüedad, pues que los historiadores de antaño, tan pródigos para vendernos patrañas e impertinencias, fueron muy avaros en hechos políticos e interesantes, y menos aún en la materia de que se habla tan poco en nuestras crónicas, como prueba la cuestión misma.

Pero el Fuero Viejo basta para destruir el aserto: Oiga usted el prólogo historial del rey don Pedro, su reformador: «Et judgáronse, dice, por este Fuero, et por estas fazañas, fasta que el rey don Alfonso su bisnieto, fijo del muy noble rey don Fernando que ganó a Sevilla, dio el Fuero del Libro a los conceyos de Castilla....», que fue en la era 1293, año 1255.

Pero sin esta autoridad se debería creer que el Fuero Real había sido código general. En su prólogo dice el legislador: «Ovimos consejo con nuestra corte, e con omes sabidores del derecho, e dímosles este Fuero, porque se juzgasen comunalmente todos varones e mugeres». Y debe bastar esta expresión, porque se trata de actos públicos, no destinados a la oscuridad, sino a la luz y ejecución.

Pero aún consta más del prólogo del Fuero Viejo, y es que el Fuero Real fue generalmente recibido y observado sin reclamación hasta el año de 1272. «Et juzgaron, dice, por este libro fasta el San Martín de noviembre, que fue era 1310». No puede, pues, dudarse: 1.°, que el Fuero Real (o del Libro, o de las Leyes, o el Libro de las Leyes, que tantos nombres tuvo) fue sancionado. 2.°, que fue dado como código general a los concejos de Castilla, esto es, a toda la corona de Castilla. 3.°, que estuvo en pacífica y vigorosa observancia desde 1255 hasta San Martín de noviembre de 1272.

«En este tiempo, sigue el prólogo, los ricos omes de la tierra e los fijosdalgo pidieron merced al dicho rey don Alfonso que diese a Castiella los fueros que ovieron en tiempo del rey don Alfonso su bisabuelo, e del rey don Fernando suo padre, porque ellos e suos vasallos fuesen juzgados por el Fuero como de ante solíen, e el rey otorgógelo e mandó a los de Burgos que juzgasen por el Fuero Viejo, ansí como solíen».

Estas palabras, como usted ve, no importan una revocación absoluta del Fuero Real, sino más bien un restablecimiento de la autoridad del Fuero Viejo, derogada por él. Por consiguiente, el primero quedó en vigor en todo lo que no fuese contrario; y quien cotejare los dos códigos hallará que la derogación pudo alcanzar a pocos y señalados artículos. Es verdad que, abierta este brecha, no sería sola, y a ejemplo de los señores, aunque con menos ruido, tratarían los pueblos de recobrar sus fueros. Empero siempre el Real fue muy respetado, pues que todavía bajo Alfonso XI se observaba en la corte y en algunas villas de Castilla, como dice la ley del Ordenamiento.

Esta ley a mi ver fue la que engañó a Burriel y a los aragoneses12, si, como usted dice, son todos contra la publicación; y en verdad que antes de descubrir el manuscrito del Fuero Real13 no era fácil sostener otra opinión. Mas los aragoneses, que después publicaron e ilustraron este manuscrito con un erudito discurso preliminar14, abandonaron su primer sentir y sostienen el que llevo dicho. ¿Es posible que no haya este libro en esa bibliotecal5? Antes lo creeré, que el que no es conocido ni leído. Búsquele usted, y si no parece en otra parte, sepa que yo le tengo, y en Gijón.

3.ª Que el Ordenamiento de Alcalá fue código general es sin duda. Que su preferente autoridad fue confirmada por la Ley de Toro16, no lo es tanto. De esto, después.

4.ª Que el orden de autoridad legal fuese: 1.°, las Leyes de Toro; 2.°, el Ordenamiento alcalaíno; 3.°, los Fueros en lo usado; 4.°, las Partidas, necesita mucha explicación y no menores cortapisas. Vamos a ellas.

Pero antes no puedo dejar de hacer a usted un cargo general, y que abraza toda la materia de las Conclusiones. Si el código canonizado en el día es la Recopilación, y si hay una pragmática que, canonizándole, establece la autoridad legal de nuestros códigos, ¿a qué buscar esta autoridad en las Leyes de Toro? Y si entre ellas la que se puede llamar canónica, esto es, la primera, está ya derogada por esta pragmática, ¿por qué no se tomó ésta por texto de las Conclusiones? He aquí un vicio de nuestra enseñanza, en que se hace menos reparo del que merece. Pero vamos a la ley de Toro.

Sin duda que mandando observar la ley del Ordenamiento, canoniza de nuevo la legislación contenida en él, y a la cual dicha ley daba la primera autoridad. Pero véase la limitación que sigue: «Se guarde el orden siguiente: que lo que se pudiere determinar por las leyes de los Ordenamientos y pragmáticas por nos fechas, y por los reyes donde nos venimos, en este libro contenidas... se sigan... no embargante, etc., y en lo que por ellas no se pudiere determinar... se guarden las leyes de los Fueros, etc.» Pare usted un poco la consideración, y hallará que de estas palabras se puede deducir: 1.°, que la primera autoridad se atribuye por la Ley de Toro a los Ordenamientos y pragmáticas hechas por nos (los promulgadores, don Fernando y doña Juana) y nuestros antecesores. La 2.ª al Fuero Real y fueros municipales; y la 3.ª a las Partidas. Luego el Ordenamiento de Alcalá no tiene un lugar señalado entre estos códigos, y a lo más entrará en el que se da colectivamente a los Ordenamientos. Luego tampoco las Leyes de Toro le tienen sino en el mismo sentido. Luego no está bien establecido el orden gradual de autoridad en la conclusión.

¿Y cómo pudiera ser otra cosa? Pues qué, ¿no se reconocería ninguna legislación entre las Leyes de Toro y el Ordenamiento de Alcalá, esto es, desde 1348 hasta 1505? Pues qué, ¿habían derogado estas leyes a todas las leyes, ordenamientos y pragmáticas publicadas en este largo período? Pues qué, ¿derogaría el Rey Católico a la copiosa y sabia legislación que había establecido con la grande Isabel su esposa? ¿Y qué legislación? La que habían hecho necesaria tantos y tan grandes acaecimientos, la reunión de las dos coronas, la conquista de Granada, el descubrimiento de un nuevo mundo, la erección de los tribunales provinciales, la extensión del comercio, de la navegación, de la industria; en una palabra, la entera regeneración del Estado.

Pero, ¿qué legislación era ésta?, dirá usted. La misma ley responde en las palabras rayadas: este libro, que repite dos veces, y que prueba (cosa no advertida hasta ahora) que las cortes de Toro formaron y autorizaron una recopilación, y que esta recopilación contenía los Ordenamientos, pragmáticas y leyes hechas por los promulgadores y sus antecesores, la cual con preferente y canónica autoridad se mandó observar por la pragmática de 1505, que es la ley primera de Toro. En ella estarían sin duda envueltas las 83 leyes nuevas formadas en aquellas cortes, sólo para fijar algunos puntos controvertidos entre los pragmáticos, y en ella estaría refundido en todo o en parte el Ordenamiento de Alcalá, con otros ordenamientos de los reyes, don Pedro, y de los Juanes y Enriques, que hicieron muchos. ¿Es esto lo que dice la conclusión?

Pero, ¿qué libro es éste de que habla la ley de Toro? No lo sé. Diré sólo lo que conjeturo: 1.°, que las palabras «este nuestro Libro», que se hallan repetidas en la ley recopilada, no se hallan en la ley de Toro publicada por Gómez17, y esto puede indicar que fueron añadidas por los recopiladores, y entonces dirán relación a la Recopilación de Felipe II; 2.°, que si por suerte se hallasen en la pragmática original de Fernando y Juana, y fuese cierto que éstos, o Fernando e Isabel, canonizaron el Ordenamiento de Montalvo, pudieran bien referirse a él; y por lo menos en este caso, bajo la palabra Ordenamiento, que es general, sería comprendido aquél, puesto que se habla de los ordenamientos hechos por los promulgadores y sus antecesores; aunque de esto hablaré luego; 3.°, que pudiera entenderse el cuaderno conocido con el título de Pragmáticas de los Reyes Católicos. Esta es una verdadera recopilación, pues no sólo contiene leyes de aquellos príncipes, sino de otros sus antecesores. Yo tengo la edición, que creo primera, publicada por Diego Pérez (Medina del Campo, 1549)18. A su frente está la pragmática confirmatoria, y aunque sin fecha, estando encabezada de Fernando e Isabel, es prueba de que fue anterior al 1504 en que falleció aquella gran reina, y por consiguiente a la pragmática taurina. Como quiera que sea, esta recopilación está canonizada por las palabras de aquella pragmática, y ahí tiene usted otro, entre tantos, código preferente en autoridad al Ordenamiento alcalaíno.

Vuelvo ahora a la pragmática de Felipe II, expedida en Madrid (14 de marzo 1567). Ésta, dando la primera autoridad a las leyes recopiladas, donde existe todo el derecho publicado desde 150519 a 1567, dice que en cuanto a las Partidas y el Fuero (sin duda el Real) se guarde lo establecido en la ley de Toro. Luego ya quedó obsoleto el Ordenamiento de Alcalá y sin fuerza en lo que no se hallase recopilado. Luego quedó trastornado el orden canónico establecido en él y en la ley de Toro. Luego no de ésta, sino de la pragmática de Felipe II, se debe tomar la autoridad legal. ¿Qué quiere decir todo esto? Que Alcocer, Escudero, Atienza, Arrieta20 y cuantos trabajaron en la Recopilación hicieron un batiborrillo insertando la ley del Ordenamiento en la de Toro, y la de Toro en la Recopilación, cuando la pragmática que autorizó ésta contenía lo necesario para conocerla autoridad legal sin confusión ni embrollo; y este batiborrillo se aumenta con el estudio de las Leyes de Toro.

5.ª Acabemos con Montalvo21. No contradigo, ni puedo, el hecho; pero le dudo mientras no se produzca la autoridad. ¿Cuándo se pudo publicar? Ya vemos por lo dicho que los Reyes Católicos publicaron una Recopilación, y ésta diferente de las Ordenanzas de que habla el texto de la ley de Toro, publicadas en 1499, y que a mi ver eran reducidas a establecer y fijar la forma y solemnidad de los juicios. Siguieron las Leyes de Toro y la pragmática de 1505, que autorizó la legislación anterior. En ninguno de éstos se menciona el tal Ordenamiento. No es, pues, fácil adivinar cuándo ni para qué se hizo la promulgación del Ordenamiento de Montalvo. Por otra parte, ni Palacios Rubios, que asistió a las Leyes de Toro22, ni el gijonés Cifuentes, su contemporáneo, ni Tello, ni Gómez23, cercanos a su tiempo, y todos comentadores de aquellas leyes, cuentan el Ordenamiento Real entre los códigos legales. Es, pues, creíble que sólo fue un trabajo privado, y que nunca logró la sanción real.

Yo respeto mucho al señor Palacios24, pero este doctor no vio el original de Huete. Cuando dijese haberlo visto, sin dudar de su buena fe, querríamos todavía verle nosotros, examinar su forma, su fecha, sus palabras, combinarle con los demás documentos auténticos y ejercitar sobre él el derecho que todo racional tiene a usar de los principios de la crítica, o más bien de la razón, antes de dar asenso a las opiniones nuevas y repugnantes. Yo por lo menos me reservo para la vista del documento, y acaso con más razón que nadie. Acuérdome (aquí para entre los dos) que en 1782 sobre la fe del doctor Palacios hice un molestísimo viaje a Morcín25, en busca de una antiquísima inscripción que dijo existir en aquella iglesia. Fui, y no hallé inscripción antigua ni moderna, ni letra, ni rastro, ni memoria de ella. ¿No podrá suceder otro tanto con la pragmática de Huete?

6.ª Nada ofrece que decir la última conclusión26, pero hubiera querido que usted la concibiese en estos términos: Juzgamos y aseguramos que el estudio del derecho romano es absolutamente inútil y las más veces dañoso. La prueba: la parte de este derecho que se conforma con los principios de justicia universal, o por mejor decir, con el derecho natural, ¿no sería mejor estudiarla en una obra sistemática, que contuviese los principios de aquella justicia y derecho, establecidos y desenvueltos ordenada y completamente? Y la parte que no lo sea, y pertenezca al sistema civil, religioso, militar y económico de aquella república, ¿no fuera mejor que se ignorase, o por lo menos que sólo se estudiase historialmente?

Ya no puedo más. Por usted he tratado tan a la larga una materia tan ingrata. Por usted he escrito de priesa, y por lo mismo sin precisión. Por usted suelto esta carta, aunque la falta de libros, de tiempo y de afición a la materia me haga temer haber dicho algún disparate. Por usted la suelto sin corregirla ni copiarla. Exijo, por tanto, dos cosas: 1.a, que usted después de leída con nuestro Vega27, me la devuelva; 2.a, que si hallase en ella algo que pudiese interesar para su instrucción, y por tanto la copiase, no suelte jamás la tal copia, porque no quiero perder el derecho de propiedad que tengo a ella, ni la facultad de suprimirla, o corregirla, o ampliarla, etc. Vea usted en todo esto una prueba de mi inclinación; asegure de la misma a Vega, y mande a su fino y afectísimo amigo

Jovellanos.